CRÓNICA DE LA VIOLENCIA IMPUNE

La Ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia entró en vigor en Venezuela  en el año 2007.  Fue punto de encuentro de feministas, defensores de derechos humanos, juristas y otros convencidos de que con ella cambiarían las cosas para miles de mujeres víctimas de las agresiones de sus parejas.

El tiempo transcurrido y las sentencias dictadas en esta materia sólo muestran que la víctima sigue siendo víctima,  pero ahora el sistema judicial y el de salud actúan como cómplices del victimario, con el retardo procesal y las sentencias incumplidas.

Caso Alexandra Hidalgo Vs Iván Sosa Rivero

  • ·         Se conocen en 1988.
  • En 1990 se casan. Ella, ama de casa. El, militar.  Durante el tiempo que estuvieron casados, Alexandra fue sometida reiteradamente a abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de su esposo. Contradecirlo, trabajar, estudiar eran detonantes de la violencia (es decir, el ejercicio de su libre voluntad).
  • ·         En el año 2003 Alexandra es agredida por Iván delante de sus padres. El médico forense que la atendió no la examinó.
  • ·         Después de 3 años separados, el 2 de abril de 2004 firman el documento que los divorciaba.
  • ·         21 de mayo de 2004Alexandra Hidalgo fue secuestrada por Argenis José Martínez Gómez, y David José Borrero con un tercero no identificado. Luego se sumó el resto.  Fue amenazada, insultada, brutalmente violada por 6 hombres (incluido su ex esposo). Seis horas después, los secuestradores arman una escena en la que negocian con una llamada, su entrega al ex esposo, quien la recoge minutos después en la avenida donde la dejaron. Bajo amenazas para que no lo implique en lo ocurrido la lleva a un centro de salud donde recibe los primeros auxilios y luego a hacer la denuncia ante la PTJ.
  • ·         22 de mayo de 2004 con el apoyo de su familia y de la abogada que la asistió durante el divorcio denunció la agresión de su ex esposo ante la Policía Militar, así como otro delito relacionado con armas de guerra.
  • ·         Entre junio y agosto de 2004 Argenis Martínez, Julio César Madera Zambrano, David José Borrero, Radinnelranath Zerpa Jetood y Euclides Hernández Fajardo, todos implicados, son capturados y enviados a la cárcel de El Rodeo.
  • ·         El 7 de agosto el Ministerio de la Defensa entregó a Iván Sosa Rivero al Tribunal 39 de Control y se acordó su reclusión en Ramo Verde, pero nunca compareció ante un tribunal.
  • En abril de 2005, Iván Sosa Rivero quedó en libertad condicional, e inmediatamente se escondió.
  • En junio de 2005 Tras una apelación, una nueva decisión judicial, concluye con otra orden de detención en contra de Iván Sosa Rivero.
  • El 26 de octubre de 2005 se dio la audiencia preliminar. Dos de los agresores fueron declarados culpables de secuestro y violación y condenados a ocho años de prisión. Otros dos de los presuntos agresores fueron declarados no culpables.
  • En agosto de 2008 Iván Sosa Rivero fue expulsado del ejército tras haber estado prófugo durante más de tres años.  Sin embargo la razón alegada fue la de no haber respondido a cargos pendientes en su contra imputados por el ejército.
  • En julio de 2011 fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de juicio.  Durante el tiempo que estuvo prófugo Alexandra recibió llamadas de amenaza.
  • El juicio previsto para finales de febrero de este año fue diferido.
  • A la fecha Iván sigue prófugo y Alexandra y su familia amenazada.

La valentía de Alexandra llevando su caso hasta las últimas consecuencias ( y no es poco someterse al ojo público como víctima de violencia de género, porque siempre es una víctima real y sus agresores, hasta que el lento proceso los juzgue serán: presuntos), choca con la pared de un poder judicial ineficiente y deshumanizado que viola sus derechos.  Pese a ello, Alexandra es una activista en la defensa de las mujeres víctimas de violencia, y dedica un enorme esfuerzo a sensibilizar a una sociedad que suele juzgarlas porque “permiten el maltrato”, sin asumir que la misma sociedad lo permite cuando no eleva su voz en protesta por el retardo procesal o por la falta de aplicación de justicia.

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